En la primera de las proposiciones, Unidos Podemos reclama modificar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social para la asimilación legal de la valoración de las situaciones de dependencia con la calificación mínima del grado de discapacidad. Plantea, como ya dice la ley, que tengan la condición de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y considerar que presentan grado de discapacidad igual o superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, y también "las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en cualquiera de sus grados".

 

 

En la legislación, explica Unidos Podemos, el reconocimiento de la discapacidad y de la situación de dependencia se realiza de acuerdo con baremos, procedimientos y órganos competentes diversos, debido a la dispar normativa y al momento histórico en el que cada sistema se gesta y se desarrolla. Sin embargo, precisa, "no cabe desconocer que entre y uno y otro sistema existieron en su origen, y persisten en el presente, similitudes y conexiones, aunque ciertamente no identidad".

 

Así, reconoce que no son términos sinónimos "ni pueden llegar a serlo", ya que una persona con discapacidad no tiene por qué ser una persona en situación de dependencia si ha logrado, como persigue toda política en esta materia, un grado de autonomía personal y de condiciones para llevar una vida independiente.

 

Así, la ley define como dependencia el estado con carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria, o bien de apoyos para su autonomía personal.

 

Sin embargo, la persona con discapacidad no tiene por que tener tal necesidad, y se define como tal por la interacción de cualquier tipo de barrera que limite o impida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

 

En consecuencia, Unidos Podemos cree que la asimilación al grado mínimo de discapacidad de las personas que hayan sido valoradas como en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados, y con independencia de que sea efectivo o no el derecho a prestaciones, es una decisión "suficientemente motivada por razones de justicia social, técnicas, de oportunidad política y de neutralidad presupuestaria".

 

 

En otra proposición, Unidos Podemos reclama modificar la Ley de Carreteras para eximir del pago de peaje a las personas con discapacidad que a su vez presenten movilidad reducida, una medida que ya se aplica en varios países europeos, como Alemania y Austria, y que "compensaría una parte del sobrecoste en que incurren esas personas y sus familias" a la hora de desplazarse, al depender sobre todo del vehículo particular.

 

Precisa que no supondría coste directo para las arcas públicas, ya que esa exención podría preverse en las condiciones de los contratos de concesión de las autopistas que negocian las empresas concesionarias y el Estado.